Cuando la geografía es un obstáculo para el saqueo

(A propósito del proyecto IIRSA)

por Adriana Calvo/ Grupo Krisis (Chile)

Muchos pueblos, comunidades y localidades rurales en todo el mundo están enfrentando hoy uno de los panoramas sociales y ambientales más complejos de los que se tenga precedentes. Las consecuencias de la industrialización del planeta se hacen visibles diariamente en las vidas de millones de seres humanos. El cambio climático, la sequía, la erosión de los suelos, la ausencia de oxigeno en los mares, el derretimiento de glaciares, la expansión de los desiertos, la deforestación y la contaminación desenfrenada de la minería son el resultado de mas de 200 años de extracción sistemática, intensiva, irracional y sin límites de los «recursos de la tierra», estragos que hoy vemos en la desaparición de especies animales y vegetales, en la destrucción de nuestra tierra, la que nos da la vida.

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Cada día, quienes habitamos los campos, los montes o las mares, vemos, oímos o nos enteramos de que se derrama petróleo en un puerto, de que se contaminan las aguas de todo un río con cianuro, de que se elevan los índices de cáncer en la población, de que queda seco y devastado un poblado luego del cierre de una mina o, en fin, de que se inundan miles de hectáreas de bosque nativo para generar energía. Al mismo tiempo, oímos y nos informamos de la gran cantidad de megaproyectos que continúan siendo aprobados para ejecutarse no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, o de los cientos que se encuentran en carpeta a la espera de su aprobación. Nos preguntamos, entonces, ¿que está pasando?, si estando al tanto de las consecuencias, la destrucción y la muerte ocasionadas por las catástrofes industriales, continúan imponiéndose estas iniciativas que pretenden aumentar y acelerar la extracción de recursos a costa de la vida.

La extracción de materias primas en volúmenes descomunales, de manera intensiva y sin procesamiento en territorio local –como «modelo de desarrollo y progreso»– se nos impone justificando la devastación como un proceso necesario y natural para «nuestro bienestar humano» que reemplaza paradigmas de vida ancestrales –basados por ejemplo en el buen vivir– por el productivismo y consumismo como únicos parámetros de vida. Este modelo no es nuevo en nuestro continente latinoamericano: otros sectores del tercer mundo que han sido saqueados de manera ininterrumpida desde su «descubrimiento» por quienes han «invertido» en los recursos que acá se encuentran. Un modelo que, con el paso de los años, no ha hecho más que perfeccionarse y que hoy adquiere su dimensión más aterradora desde el etnocidio de hace 500 años. Toda América del Sur se enfrenta hoy al proyecto de rediseño de infraestructura más grande que se haya llevado a cabo jamás en el mundo, la IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), un megaproyecto de ámbito continental cuyo fin es cambiar la geografía del continente, para facilitar, agilizar e intensificar la extracción de los recursos.

Para entender la magnitud de lo que significa la IIRSA, hay que tener claro que es una iniciativa motivada por las necesidades del mercado mundial, del cual –por mucho que se nos quiera hacer creer– ninguno de nosotros forma parte, ya que se rige por un sistema de relaciones económicas entre empresas trasnacionales, organizaciones económicas internacionales (banco mundial, BID, etc.) y los organismos de relaciones exteriores de los Estados. Es un sistema basado en la división internacional del trabajo (división del proceso de producción mundial entre países y regiones mediante la especialización), un modelo colonialista del cual las empresas multinacionales son responsables del 75 % de la producción mundial, dado que son ellas las que toman las decisiones fundamentales sobre la forma en que se da el trabajo (producción) a nivel internacional. En este contexto, Latinoamérica ha sido convertida en proveedora de petróleo, minerales, madera, celulosa, peces, agro tóxicos y soja, entre otros productos, y se ha extraído de sus suelos y mares todo lo que ha sido posible, dadas las posibilidades técnicas. El avance actual de la tecnología al servicio de las empresas permite extraer recursos de lugares antes impensados en volúmenes colosales y a un ritmo mas acelerado que nunca, quedando como único obstáculo para el saqueo la geografía de nuestro continente la cordillera de los Andes y la selva; los mares son obstáculos que la IIRSA pretende «derribar» a través de la implementación de obras de construcción: carreteras, ferrovías, oleoductos, gasoductos, tendidos eléctricos, hidrovías, puertos, aeropuertos, represas, centrales hidroeléctricas, puertos marítimos sobre ríos, entre otros.

La iniciativa IIRSA surge en 2000 en Brasilia. Se trata de una acuerdo entre doce países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Con este pacto se inicia el proyecto de reconfiguración de la geografía latinoamericana, que se pretende llevar a cabo por medio de Ejes de Integración y Desarrollo (EID) a lo largo y ancho del continente. Estos ejes son definidos –según el propio sitio web de IIRSA– como «franjas multinacionales de territorio donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos comerciales». Cada una de estas franjas sería modificada a fin de interconectar los territorios extractivos, y configurar corredores comerciales con salidas en las costas del Atlántico y del Pacífico, que se han denominado «Corredores Bioceánicos». En otras palabras, es la construcción de una gran infraestructura destinada a conectar los centros de producción con los de consumo, abaratando y acelerando traslados con el fin de facilitar aún más la explotación de yacimientos hidrocarburíferos, minerales, recursos energéticos, acuáticos, agropecuarios y el transporte de los mismos y reforzar al mismo tiempo el control social mediante el establecimiento de un nuevo ordenamiento lógico y unas nuevas fronteras para el traslado de la riqueza a los centros de demanda (principalmente, Asia).

Este escenario de desconexión absoluta entre las realidades y necesidades locales y la implantación y puesta en marcha de megaproyectos que responden al mercado mundial no es una casualidad. Y es que para entender la magnitud del problema del saqueo, del extractivismo, hace falta comprender la manera en que las trasnacionales, los capitales mundiales conciben nuestra Abya Yala (nombre dado al continente americano por el pueblo Kuna antes de la llegada de los europeos): como una sola gran fuente de recursos inagotables de la cual no hay límites para su extracción –permiso conquistado con la violencia de la colonización y luego concedido por la complicidad de los gobiernos actuales–.

A pesar de que muchas comunidades del continente ya están viéndose enfrentadas a las consecuencias de la instauración de la IIRSA desde hace bastantes años, este es un megaproyecto que hasta hoy se encuentra invisibilizado de cara a la opinión pública con el fin de parcelar los conflictos territoriales, separarlos como si no tuvieran nada en común –a nivel suramericano– y como si no estuvieran la mayoría insertos en este descomunal proyecto que engloba Sudamérica como una gran fabrica de mercancías. IIRSA ya comenzó sus obras y muy poca gente en Chile está al tanto. En Bolivia, el TIPNIS (Parque Nacional y territorio Indígena Isiboro Secure) debe ser defendido de una carretera que pretende cortarlo en dos y amenaza con la extinción de comunidades y naturaleza; en Peru, la carretera interoceánica en Madre de Dios ya trajo consigo invasión de tierras, contaminación por minería de oro, extracción de tipo petrolera y agroindustrial, y en Colombia el departamento de Putumayo está siendo atravesado por dos ejes de integración IIRSA: el eje amazónico, que contempla puertos, carreteras y canalización del río para hacerlo navegable, y el eje andino, que contempla carreteras y tendidos eléctricos y condena a los pueblos a desaparecer. IIRSA avanza con la rapidez del capital y no sabemos con certeza cómo se está ejecutando en esta parte de la región. Sí sabemos que muchas de las iniciativas energéticas –por ejemplo, amparadas bajo el mito de la «crisis energética»– se instalan y continúan implementándose para que la energía sea vendida al extranjero y para alimentar proyectos fuera de Chile.

Muchas veces nos preguntamos: ¿Qué mas?, ¿cuánto más hay que producir para alcanzar el progreso, para conseguir esa promesa, esa felicidad y ese bienestar postergados para el futuro? Gracias al flujo de información y a las propias realidades que nos ha tocado vivir, hoy tenemos conocimiento de que la gran cantidad de megaproyectos industriales y extractivos que se instalan en la región no contribuyen a nuestro desarrollo ni a nuestra calidad de vida; muy por el contrario, empobrecen, enferman y contaminan a nuestros territorios y a nosotros mismos. Lo sabemos porque la historia reciente así lo ha demostrado, porque cuando se instala una hidroeléctrica represando un río en el sur, el fin último no es alimentar energéticamente a la localidad en que se emplaza dicho proyecto: mas bien se utiliza el territorio como una plataforma productiva desde la cual se extraerá dicha energía para ser llevada a otros lugares, probablemente a la «industria extractiva» de cualquier punto de Suramérica. IIRSA sirve a los intereses de las trasnacionales interesadas extraer la mayor cantidad de ganancias y mercancías secando y asesinando el territorio, los recursos naturales y humanos.

El IIRSA en la región y el plan regulador

La reestructuración del continente para la producción y traslado y de mercancías para el capital mundial tiene impactos locales que a veces son difíciles de observar, pues se trata de una macroestructura mundial y continental que esconde sus consecuencias en nuestra vida cotidiana. En este sentido, debemos comprender que los conflictos territoriales que ocurren en nuestras localidades tienen relación directa con otras localidades. No se trata de desplazar el problema más allá, sino de detener este modelo extractivo que quiere convertir Los Choros, La Higuera, la región de Coquimbo y toda Latinoamérica en una despensa ilimitada de recursos naturales.

En la región de Coquimbo, la IIRSA se presenta con diversos proyectos, ya que correspondería al Grupo 4 del Eje MERCOSUR-Chile (Conexión Coquimbo-Región centro Argentina-Paysandú). El proyecto hasta ahora más avanzado es el Túnel de Agua Negra en la zona cordillerana que comunica la IV Región con San Juan en Argentina, obra que comenzó en 2014 y que se emplaza en un territorio con importantes reservas de agua dulce para una región árida, específicamente glaciares. Este paso facilitaría la salida de las mercancías de la megaminería en Argentina y Chile, la soja transgénica y los aceites crudos de petróleo en Brasil entre otros.

La construcción del túnel implica un aumento radical del transporte pesado con destino al puerto de Coquimbo, lo que supone un nuevo ordenamiento territorial (red de caminos, ampliación del puerto, etc.). Esta violación de la vida local traerá consecuencias: la destrucción de la biodiversidad, la contaminación y, por ello, el empobrecimiento y miseria de las comunidades. Significará el facilitamiento de la actuación de las empresas transnacionales para la integración de los mercados, no de los pueblos, al potenciar un modelo económico exportador de materias primas en desmedro del desarrollo de las actividades económicas locales.

El traslado de mercancías supone su embarcación en la región de Coquimbo mediante la ampliación de su  puerto, pero principalmente a través de la apertura de nuevas zonas portuarias, como es el caso de La Higuera, donde actualmente se encuentra aprobado el Puerto Cruz Grande y otros proyectos en carpeta en el borde costero de la comuna como el puerto del proyecto Dominga y un tercer «puerto multipropósito» que canalizaría parte del flujo de mercancías procedentes de Argentina y Brasil, ya que en IIRSA la región de será rediseñada como el Corredor Bioceánico Coquimbo-Porto Alegre.

Por esta razón, el primer plan regulador de la comuna de La Higuera y el plan regulador intercomunal del Elqui (PRI Elqui) han sido elaborados a puerta cerrada (o con escasísima difusión y nula participación ciudadana), condenando al área de Chungungo, Totoralillo y Cruz Grande a convertirse en una zona industrial-portuaria, con el impacto ambiental y social que ello significa. Según la propia información de Iirsa.org: «Entre las diversas disposiciones contempladas, el PRI reconoce la vocación portuaria de una amplia franja costera de la comuna de La Higuera. De hecho, establece tres “zonas de extensión urbana” junto a las bahías de Barrancones, Cruz Grande y Totoralillo Norte, destinadas a instalaciones asociadas a puertos, tales como bodegas, frigoríficos y áreas de acopio de carga».

En consecuencia, si se aprueba el PRI, y una vez oficializado por medio de su publicación, se verán facilitadas las diversas iniciativas portuarias antes mencionadas para ejecutarse en esta zona. ¡Detengamos el avance extractivista que amenaza la costa de La Higuera y nuestro continente!

adrianacalvo

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